Se aprueban dictámenes en materia de violencia política, digital y simbólica
La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Anais Miriam Burgos Hernández (Morena), aprobó tres dictámenes que reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia política, digital y simbólica.
En reunión semipresencial, también avaló un exhorto para que los institutos de las mujeres de las 32 entidades federativas emitan órdenes de protección para mitigar la violencia contra las mujeres, y otro para profesionalizar al personal responsable del manejo de los centros de comando C5, C4, C3 y C2.
Asimismo, emitió su opinión en sentido positivo a la iniciativa en materia Igualdad de remuneración en la Administración Pública Federal y sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Burgos Hernández dijo que en todos los asuntos se incluyeron las observaciones de las diputadas, así como de la Secretaría de las Mujeres. Agregó que el objetivo de todas las proponentes es hacer valer los derechos de las mujeres y cuidar su integridad física y emocional.
Las diputadas avalaron por unanimidad el dictamen a la iniciativa que reforma los artículos 20 Ter y 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sobre violencia política y digital.
La modificación al artículo 20 Ter agrega la palabra “precandidata” para indicar que la violencia política contra las mujeres puede expresarse a través de conductas que proporcionen a quien aspira u ocupa un cargo de elección popular información falsa o incompleta que impida su registro.
Agrega que quien utilice cualquier medio, incluida la generación y difusión de campañas difamatorias, manipulación de información y/o la creación de cuentas falsas en redes sociales para suplantar identidades o engañar a la opinión pública, está ejerciendo violencia política.
Asimismo, quien divulgue imágenes, mensajes y/o audios ya sean privados, descontextualizados o modificados utilizando o no tecnologías de la información y la comunicación, de una mujer precandidata.
En el artículo 20 Quáter considera violencia digital aquellos actos dolosos, con o sin connotación sexual, que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, así como aquellos en los que se haga uso de las tecnologías de la información y la comunicación para acechar, acosar, denigrar, atemorizar, humillar o intimidar a la mujer, con el propósito de ejercer dominio sobre ella.
Con la finalidad, entre otras cosas, de calumniar, intimidar, difundir, campañas de desprestigio, sustraer y manipular datos personales, así como la usurpación de la identidad de una mujer con base en estereotipos de género.
Establece que se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación aquellos dispositivos, recursos, herramientas, programas informáticos, plataformas, tecnologías o digitales que se utilicen para crear, procesar, administrar y compartir, almacenar, transmitir la información mediante diversos soportes tecnológicos.
La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezcan los códigos penales estatales.
La diputada Burgos Hernández se congratuló por la aprobación del dictamen porque, expresó, todos los días las mujeres se enfrentan a los golpeteos de la violencia digital, cuyo único objetivo es deslegitimar la carrera política y naturalizarla.
Julieta Kristal Vences Valencia, diputada de Morena, mencionó que 7 de cada 10 personas que sufren violencia digital son mujeres que están en un rango de edad entre los 12 y 17 años; por ello, la importancia de esta iniciativa radica en que permitirá reconocer esto como una violencia digital más dentro de la Ley y no quedará en la impunidad. “Queremos que quien violenta a una mujer lo pague”.
En su oportunidad, la diputada Ana Isabel González González (PRI) dijo estar a favor porque la reforma permite que la violencia digital quede plasmada en la ley como una forma de agresión hacia las mujeres, además de que ayudará a prevenirla.
Liliana Ortiz Pérez, diputada del PAN, dijo que el objetivo es garantizar que ninguna mujer que aspira a un cargo de elección popular sea víctima de violencia política en razón de género durante las primeras etapas del proceso electoral, impidiendo así una candidatura. Agregó que se garantizará que quienes sean agredidas durante la precandidatura cuenten con herramientas de defensa legal.
En tanto, la diputada Karina Margarita del Río Zenteno (Morena) se manifestó a favor de la reforma y señaló que la violencia hacia la mujer es causa de depresión y miedo por saber que todo lo que diga va a ser revisado con lupa. “Es importante difundir por todos lados los avances y la importancia de la participación de las mujeres en la elaboración de leyes”.
Por unanimidad, se aprobó la reforma que adiciona una fracción VII al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de violencia simbólica. En este dictamen se incorporaron las iniciativas de las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), Olga Lidia Herrera Natividad (PT) y de Anais Mirian Burgos Hernández (Morena).
El dictamen define que violencia simbólica es una manifestación de la discriminación estructural contra las mujeres, que se materializa a través de la creación, transmisión o reproducción, de manera directa o indirecta, de mensajes, valores, símbolos, imposiciones familiares, educativas, ideológicas, sociales, económicas, políticas, culturales, estéticas o religiosas basadas en estereotipos de género, que refuerzan relaciones desiguales de poder y la subordinación de las mujeres frente a los hombres.
Por unanimidad, la Comisión también aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los institutos para las mujeres o Secretarías de las Mujeres de las 32 entidades federativas, a fin de que establezcan una estrategia preventiva en las políticas públicas en materia de perspectiva de género, para emitir órdenes de protección y generar campañas de prevención a efecto de mitigar la violencia en contra de las mujeres
Además, fue avalada una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las 32 entidades federativas y los municipios responsables del manejo de los C5, C4, C3 y C2, para que garanticen la atención ciudadana con perspectiva de género mediante la profesionalización permanente del personal encargado de los medios de contacto con la ciudadanía.
Asimismo, la Comisión e Igualdad validó emitir opinión en sentido positivo a la iniciativa que reforma disposiciones de las Leyes Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en materia de igualdad de remuneración en la Administración Pública Federal.
