Comisión de Transparencia aprobó dictamen que reforma la Ley de Obras Públicas

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, encabezada por el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), aprobó, con 25 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, el dictamen a la iniciativa que reforma disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, presentada por la titular del Poder Ejecutivo.

También aprobó, con 25 votos a favor, el dictamen que adiciona un tercer párrafo al artículo 103 y una fracción III Bis al artículo 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Asimismo, se declaró en sesión permanente en espera de la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sobre la iniciativa presidencial que expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y reforma las leyes Federal de Austeridad Republicana, de Economía Social y Solidaria, y General de Sociedades Cooperativas.

En reunión extraordinaria, el diputado Mejía Berdeja señaló que los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas son pertinentes jurídica y técnicamente y representan un avance significativo en materia de transparencia, eficiencia y competitividad del gasto público alineándose a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Precisó que se incorpora la plataforma digital de contrataciones públicas, la cual es una herramienta innovadora que materializa los principios de transparencia y máxima publicidad, además de que garantizará el acceso inmediato, imparcial y eficiente a la información permitiendo la fiscalización oportuna del ejercicio de los recursos públicos.

Asimismo, la figura de la oferta subsecuente de descuento incorporada a la propuesta promueve un entorno competitivo, sano y eficiente en los procedimientos de contratación, facilitando ahorros significativos en beneficio del interés público.

Indicó que se incluye la figura de los diálogos estratégicos a partir de los cuales el Estado podrá identificar claramente las necesidades reales del mercado y ajustar los procesos licitatorios para incentivar la participación efectiva y el aprovechamiento pleno de la capacidad técnica y financiera del sector privado. La inclusión explícita de la investigación del mercado favorece y fortalece jurídicamente los procesos de licitación.

Destacó que se mantiene la figura del testigo social, cuya intervención obligatoria en determinados procesos constituye un mecanismo eficaz y probado para evitar actos de corrupción y aumentar la confianza social.

En tanto, la diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) reconoció que la modificación tiene mejoras, pero hay temas que deben valorarse como el relacionado con que tratándose de obras o servicios relacionados con las mismas que ejecute la Fuerza Armada Permanente no resultará aplicable la ley; que en el uso de la bitácora de obras públicas hay una excepción que es ambigua relativa a la seguridad nacional, y que la plataforma será de consulta gratuita y siempre se debe utilizar, “salvo disposiciones que establezca el reglamento”.  

El diputado del PRI, Israel Betanzos Cortes, anunció que su voto sería en contra, toda vez que lejos de contener los casos de corrupción y adjudicación directa en estas leyes se persiste con estos comportamientos, además de que apuesta a la centralización del tema.

Margarita García García, diputada del PT, comentó que la propuesta es de gran relevancia, ya que incorpora una nueva plataforma en la forma de contratación con más seguridad e información disponible vía digital, lo que en el pasado no ocurría y propone disminuir el monto para contratar obra pública por adjudicación directa, todo ello para evitar la corrupción.

El diputado José Roberto Ramírez Cruz (PVEM) expuso que para el Gobierno Federal las acciones gubernamentales en materia de obra pública deben ser revisadas de manera constante para asegurar que el ejercicio de los recursos públicos se apegue a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia, por lo que esta reforma representa un avance en el esquema de contrataciones públicas.

Por Morena, la diputada Elena Edith Segura Trejo precisó que las modificaciones que se discuten son innovadoras al contemplar las ofertas subsecuentes, esquema que promueve una licitación competitiva que permite incrementar los proyectos en beneficio de la ciudadanía; además, impulsa el uso de tecnología enfocada en los procesos de licitación.

En opinión de la diputada Claudia Selene Ávila Flores (Morena) el dictamen hará efectivo el derecho establecido en el artículo 134 de la Constitución para que los recursos públicos sean gastados con eficiencia y eficacia; garantiza que en las licitaciones no haya trajes a la medida, fortalece los procesos licitatorios, la contratación pública, abate los sobrecostos y coadyuva y fortalece el paquete de reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

También se estipula el uso obligatorio de una bitácora en cada uno de los contratos de obras y servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, para lo cual la Secretaría de Hacienda implementará el programa informático que corresponda y en casos excepcionales autorizará que la elaboración, control y seguimiento se realice a través de medios de comunicación convencional cuando las dependencias y entidades así lo soliciten.

Señala que la SHCP implementará y administrará la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas como una   herramienta electrónica oficial y transaccional, integrada por diversos módulos, a través de la cual se realizarán los procedimientos de contratación en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como la suscripción y administración de los contratos derivados de estos.

La Comisión también aprobó, con  25 votos a favor, el dictamen que adiciona un tercer párrafo al artículo 103 y una fracción III Bis al artículo 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para que la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tenga a cargo la garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que sean ejercidos ante la Auditoría Superior de la Federación, en su calidad de sujeto obligado, de conformidad con los términos que fije la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normativa aplicable.